2007-07-25

VEEDURIA CIUDADANA “DESPIERTA PALMIRA”
CARLOS ALBERTO FRANCO SALAMANCA.
MANUEL FERNANDO MUÑOZ BENJUMEA.

Palmira, julio 25 de 2007.


Señor
FERNANDO SANCHEZ ZUÑIGA.
Presidente.
Concejo Municipal.
Palmira, Valle del Cauca.


REFERENCIA: RESPUESTA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A DENUNCIA D-11-06-0174. Plan de vivienda de interés social El Sembrador, Palmira (Oficio 80761-2728 de julio 13 de 2007)


La Contraloría General de la República – CGR -, avocó en su momento la queja formulada por los veedores William Marmolejo, Carlos Alberto Franco y Manuel Fernando Muñoz, en relación con múltiples irregularidades en la planeación, construcción y financiación del proyecto de vivienda “EL SEMBRADOR”, en sus dos etapas.

De la lectura del documento adjunto (11 folios), el Concejo Municipal podrá informarse a cabalidad, sobre fallas protuberantes en la planeación del proyecto, atribuibles a la Oficina de Planeación y la Curaduría Urbana. Igualmente, hubo transgresiones al numeral 3º. del artículo 27 de la Ley 80/93, pues el municipio celebró 6 convenios de construcción entre los años 2002 – 2003, durante la gestión del alcalde Miguel Motoa Kuri, “sin contar con el concepto de la autoridad ambiental competente y el desarrollo de la totalidad de los diseños requeridos para la implementación del proyecto, especialmente los relacionados con el manejo de aguas de escorrentías superficial, de riego y pluviales en el entorno topográfico y físico de Alto Papayal, imprevisión que ya ha generado inundación de las viviendas de la zona sur occidental de la urbanización (carrera 21, calles 18 a 20)” (Trascrito del original, Pág. 8).

Inversiones cuantiosas que debieron ejecutar el municipio y/o ACUAVIVA, no se llevaron a cabo y, hoy la administración municipal enfrenta una multa de la CVC en cuantía de $120 millones de pesos. Quién lo creyera: el Municipio de Palmira actuó como urbanizador pirata.

Igualmente, el informe de la CGR ha sido remitido a la Contraloría Municipal, solicitando una revisión de fondo, pues quedan bastantes aspectos de potencial importancia pendientes de investigar, en un plan de 1600 viviendas contratadas. Entre otros, hay aspectos técnicos muy delicados a que alude la CGR y que resumidamente consisten en deficiencias constructivas y de acabados en la mampostería estructural de muchas

viviendas; humedades al interior de las mismas; incongruencia de cantidades de obra entre viviendas tipo único y su mayor costo de unas respecto a otras; carencia y falta de instalación de algunos elementos (puertas, rejas, etc.).

Es muy delicada la situación de muchas viviendas, que ampliadas en sus segundos pisos, utilizan sistemas estructurales disímiles al original del diseño y construcción, evidenciándose falta de control e interventoría del municipio y la curaduría. Construcciones hasta de 3 pisos, cuando solo el diseño permite 2 pisos, sin estudios de suelos y violando normas del Código Antisísmico, colocan en alto riesgo dichas soluciones habitacionales, ante eventos tales como temblores o terremotos. Ya en una visita del Viceministro de Vivienda, este señaló esos hechos y desconocemos si el Municipio los ha enfrentado.

Es particularmente inequitativo e injusto, que muchos adjudicatarios de ese plan hayan tenido que asumir de su propio pecunio, costos adicionales de obras de urbanismo, y más preocupante es el abandono de viviendas, que no han sido usadas desde su terminación y entrega, las que se encuentran en vía de deterioro, siendo a la vez saqueadas.

Si bien es cierto, la CGR ha corrido traslado de estos hallazgos a la Procuraduría General de la Nación, creemos conveniente que el Concejo Municipal de Palmira ejerza un control político de fondo sobre la planeación y el urbanismo de la tercera etapa de El Sembrador, hoy en proceso de inicio, pues sería imperdonable seguir repitiendo crasos errores en planes habitacionales, que terminamos pagando con altos impuestos, todos los palmiranos.

El “mercado negro” de formularios de solicitud de adjudicación de subsidios está siendo aprovechado por directorios políticos uribistas, que comprometen el simple trámite de vinculación de información, para acceder a la financiación del gobierno nacional, cuando este debe realizarse directamente ante las cajas de compensación familiar. Ya conocemos los palmiranos que un representante a la cámara en el año 2002, obtuvo 18 mil votos en Palmira, mientras la ciudad era “inundada” meses atrás por más de 40 mil formularios, creando expectativas políticas directas que direccionaron el voto de muchos sufragantes.

Si al “perro no lo capan dos veces”, esperamos como veedores ciudadanos, que la actual gestión administrativa del alcalde Castro, que tiene gran culpa en que el plan habitacional El Sembrador nunca hubiera sido corregido, con tantas falencias detectadas por la veeduría ciudadana, la Contraloría Municipal y corroboradas por la CGR, las mismas no continúen presentándose a futuro.

No entendemos que en 6 años (2002 – 2007) el Concejo Municipal de Palmira no haya practicado un control político de fondo, a un plan habitacional que ha costado $10 mil millones de pesos (con recursos propios) y $15 mil millones en subsidios del orden nacional. Si de nuevo aconteciera lo anterior en planes de vivienda similares, sería imperdonable que los recursos públicos municipales se despilfarraran de tal manera, perjudicando el erario, a los beneficiarios de los planes y a los vecinos que terminan afectados.





Anexo: 11 folios.



Cordialmente,



CARLOS ALBERTO FRANCO S. MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.
Arquitecto Veedor. Veedor



COPIA: Ministerio de Ambiente y Vivienda. Contraloría General de La República. Procuraduría General de La Nación. Auditoría General de La República. Contraloría General Gerencia Departamental del Valle. Alcalde de Palmira. Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. Medios de comunicación Local y nacional.

2007-07-11

LA INSEGURIDAD RONDA EL 1 2 3

GOTAS DE O2.
POR: MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.
JULIO 11 DE 2007.

Con bombos y platillos, discursos y voladores, toda la clase política del municipio, sin excepción, en pasados días se dedicó a alardear, por toda la ciudad, de ser los autores intelectuales y de hecho, de el nuevo sistema de seguridad que se implementará en el área urbana, para “acabar” con la inseguridad en Palmira. Hemos recibido en la Veeduría Ciudadana, de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Palmira la comunicación CPC 371 de julio 4 de 2007, en la que se nos comunica que han declarado desierta la licitación pública NO. MP-015-07 y que se ordena la apertura de la contratación directa, mediante convocatoria pública, para contratar el ya famoso sistema de seguridad 1 2 3 que funciona, desde hace muchos años, en varios municipios del país. Recordemos que la Administración Municipal firmó el convenio ínter administrativo No. 156 el 22 de diciembre de 2006, con la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana – por $1.834´840.920,oo, para “el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento del número único de seguridad 123 y un circuito cerrado de televisión (CCTV), con video y control en tiempo real, que involucre equipos activos y pasivos en la ciudad de Palmira, con centro de control y monitoreo en el municipio”.
La Administración de Palmira, atendiendo el trámite legal y precontractual, dio inicio al proceso de apertura de la licitación pública MP-015-07, a la cual se presentaron atendiendo la invitación a ofertar y adquiriendo los pliegos de condiciones, según la comunicación CPC371/07, 3 oferentes, a saber: la Unión Temporal SIS-EGR, limitada; C.I. ADCOM, S. A. y la Unión Temporal SIS-PALMIRA. El Comité Evaluador del Municipio, expidió un informe sobre los resultados de la evaluación practicada inicialmente a las propuestas de los 3 ofertantes. En dicho informe, el Comité Evaluador manifiesta que las 3 propuestas no pasan el examen y por tanto el proceso no puede continuar, pues esas ofertas no están habilitadas por no cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, por tanto, la licitación pública debe declararse desierta y que el proceso contractual debe continuar de forma que el contrato objeto sea adjudicado de manera directa.
Debo manifestar que no conozco los pliegos de condiciones. Tampoco sé de los ofertantes. Mucho menos estoy al tanto de los integrantes del Comité Evaluador que examinó las propuestas. También debo afirmar que no conozco si el municipio creó ese comité técnico con profesionales idóneos, con los perfiles requeridos en la licitación y con la experiencia para evaluar, en una licitación pública, dicha área tan compleja por la tecnología a implementar (Por la experiencia que tengo en el seguimiento de la contratación del municipio, no creo que en la administración municipal existan profesionales para examinar y evaluar de manera técnica, este tipo de ciencias aplicadas de la electrónica y de los sistemas, esencialmente). Vale la pena que el doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano, el diligente Jefe Asesor Jurídico de la alcaldía y experto en adjudicaciones de contratación directa, nos de a conocer los nombres, las profesiones y la experiencia de cada uno de los miembros de dicho comité evaluador. En mi buzón electrónico espero la respuesta.
¿Por qué el Comité Evaluador del municipio de Palmira declara no admisibles las propuestas de los 3 oferentes? Las razones que este Comité expuso son: 1/. Que AD COM, S. A., no demostró experiencia suficiente en la realización de este tipo de obras de infraestructura y comunicaciones. Las otras 2 propuestas, UT SIS EGR y UT SIS PALMIRA, no tuvieron inconveniente en este punto. Y 2/. Que AD COM, S. A., UT SIS EGR y UT SIS PALMIRA, no cumplen con el requisito establecido en los pliegos de condiciones, respecto al “personal profesional”, debido a que el proyecto requiere de profesionales en las áreas de la ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. Ninguna de las 3 propuestas presentaron en sus ofertas profesional del área de la ingeniería de sistemas y que repetían profesionales de las otras dos áreas, lo cual, según la resolución que declara desierta la licitación, no se puede repetir con más de 2 ingenieros con la misma profesión. (UT SIS EGR, presentó 3 ingenieros electrónicos y 1 ingeniero eléctrico, al igual que UT SIS PALMIRA y AD COM que presentaron a 4 ingenieros eléctricos c/u).
Los cargos para estos profesionales en el proyecto son los siguientes: 1 gerente de proyecto, con 5 años de experiencia y disponibilidad total. Los demás cargos son para Jefes de Proyectos 1, 2 y 3, que requieren con experiencia de 3 años y 50% de disponibilidad de tiempo en el proyecto. Valdría la pena conocer si los profesionales relacionados por los ofertantes tienen especializaciones o magísteres o doctorados en sistemas. Aunque, no creo que sea óbice para que el Comité Evaluador, que supuestamente tampoco tiene el perfil, pueda declarar desierta una licitación pública como esta - tecnológicamente por fuera de los conocimientos de los integrantes del Comité - bajo esa premisa.
En la Administración Municipal son expertos en contratación directa. Han adquirido vasta especialización realizando contrataciones de menor cuantía, con profesionales de áreas tan distintas al objeto contractual a ejecutar. Miles de millones de pesos en centenares de contratos adjudicados de manera directa e irresponsablemente, son el bagaje con que cuenta la oficina asesora jurídica y su comité de adjudicaciones, para contratar a dedo. Se conocen zooctenistas contratando elaboración de encuestas industriales; contadores ejecutando contratos de salud mental y prevención del embarazo; ingenieros agrónomos dirigiendo la secretaria de desarrollo urbano, construcción de vivienda y de parques; alguna abogada dirigiendo la secretaria de salud y recientemente un contador planeando el desarrollo del municipio, solo para citar estos casos, existen centenares.
Llamo la atención del Ministerio del Interior y de Justicia, del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Procuraduría General de la Nación y del Director del Programa de Lucha Contra la Corrupción, para que intervengan y prevengan este seguro adefesio que se cometerá en Palmira, cuando se le adjudique el contrato del nuevo sistema de seguridad, a un importante amigo del dominante grupo politiquero de la ciudad, seguramente de profesión periodista o sembrador de peces o bacheador de vías, mientras la oleada de asesinatos (somos la 3ª. ciudad más violenta del país y la 4ª. en Latinoamérica), robos y atracos reinan en Palmira.


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2007-07-10

COLUMNA DE MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.

EL 5 DE JULIO DE 2007, EN COLOMBIA.


GOTAS DE O2.
POR: MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.
JULIO 09 DE 2007.



El día jueves 5 de julio de 2007 es una fecha que quedará en la historia de Colombia. Evidentemente, la movilización de millones de compatriotas en todas las ciudades y pueblos de la Patria para protestar y rechazar el secuestro y la violencia, como también para exigir la devolución de los cuerpos sin vida del mayor Guevara y de los 11 diputados del Valle del Cauca asesinados en cautiverio, es el mayor golpe político propinado a las FARC, golpe que se lo ha aplicado el mismo pueblo colombiano, aquel al que dicha organización guerrillera dice defender. Es decir, el pueblo en su soberanía les deslegitimó total y contundentemente.

Las mayorías de los participantes en las marchas clamaron por el acuerdo humanitario, que le permita a los 3143 secuestrados regresar a la vida, a la libertad, sanos y salvos. Es cierto que la experiencia vivida en aquel despeje del Caguán, bajo el gobierno del presidente Pastrana, sirvió para que las FARC hicieran de las suyas: se fortalecieran y se agruparan, que se tomaran por su cuenta la justicia, la ley y el orden en esa zona del país, bajo la mirada impasible del gobierno de entonces. Si a los paramilitares se les permitió congregarse en una zona como Santa Fé de Ralito, no en un área de despeje sino en una zona vigilada por el gobierno de Uribe Vélez, también es cierto que esta organización extremista de derecha – AUTODEFENSAS y/o PARAMILITARES –, concebidas bajo la óptica de los factores de poder dominantes en el escenario de la República, no iban a colocar en dificultad al gobierno nacional para asentarse en ese sector rural, el cual era, y sigue siendo, de su dominio militar. Cosa contraria sucede con las FARC. Según el presidente Uribe, a esta organización guerrillera se le tiene que perseguir, acosar y eliminar, a toda costa. Entonces, ¿bajo qué premisa pueden estos subversivos llegar a algún sector del país, a sentarse y dialogar con los interlocutores que el gobierno facilite, con el fin de lograr un acuerdo humanitario, que traiga a los secuestrados a la libertad? No queda duda, debe ser en una zona que les garantice, tanto a estos como a los secuestrados, la tranquilidad de la movilización. Pero el gobierno, obviamente, no puede entregar ese despeje sin condiciones. La seguridad a los municipios de Pradera y Florida – vieja zona roja por la presencia guerrillera desde 1960 – debe ser prioritaria. Pero además, debe existir presencia y veeduría de los países amigos, Francia, España, Suiza y Venezuela. Históricamente desde Pradera en el Valle del Cauca, por ese corredor de la cordillera central y hacia el sur, entre los departamentos del Tolima, Cauca, Huila, Nariño, Caquetá y Nariño, la presencia de las FARC ha sido mayor a la presencia del Estado. Ha sido una zona permanente de despeje.

Esta zona de encuentro, que no sería mayor a 45 días, es la única posibilidad de traer a la libertad, a la vida, sanos y salvos, reitero, a Enmanuel, a Ingrid, a Clara y a todos y cada uno de los 3143 secuestrados. Y, podría ser también la opción de dejar sentadas unas bases políticas que permitan el inicio de unas conversaciones de construcción de una agenda para la paz, entre el actual gobierno y esa organización insurgente. Todo es posible, si hay disposición de dejar a un lado odios y venganzas. Priman la vida y el futuro del país.

Rechazo con todo respeto, la opinión de muchos colombianos que piensan y creen que no debe haber cesión de esa área como zona de encuentro, y que manifiesten, que la vida de los secuestrados debe terminar en las selvas colombianas. No es posible que no tengan sentimientos y dolor por las vidas ajenas. No puede ser posible que no les importe que los plagiados mueran en cautiverio.

De igual manera, rechazo la baja y perversa respuesta que el ministro del Interior y de Justicia colombiano, Carlos Holguín Sardí, dio en Cali al discurso que la niña de 13 años de edad, Carolina Charry - hija del diputado asesinado, Carlos Alberto - hiciera el día de la marcha. Ella, en su inmenso dolor por la pérdida de su padre y, con sentimientos encontrados, después de rogar durante tantos años al gobierno de Álvaro Uribe y al jefe guerrillero TIROFIJO por la libertad de su papá y demás compañeros y no encontrar respuesta diferente a la de saberlo muerto, entiende que ambos son responsables de la muerte de su progenitor, por ser hombres tercos, tozudos, obstinados y especialmente cargados de odios recíprocos. “Por la negligencia demostrada”. Esa una decisión que el energúmeno ministro Holguín Sardí nunca podrá modificar, incluso ante centenares de miles de colombianos, que igual piensan.

Será la historia la que demostrará a las futuras generaciones quién tuvo la razón y será ella juez implacable en señalar las responsabilidades que le correspondan a cada uno de los actores de los sucesos que hoy vivimos. La historia es inflexible. Su juicio será implacable.

Queda mucho por recorrer a los colombianos para lograr la paz. No va a ser posible, seguramente, bajo este mandato presidencial, que se logre retomar la agenda de negociaciones. Tenemos mucho por aprender y experimentar en torno a la guerra y del conflicto armado interno. Por naturaleza somos guerreros y valerosos. Nos resta aún, desprendernos de tantos odios y rencores, que nos vienen polarizando en extremos distantes y muy especialmente, debemos aprender a ser tolerantes.

¿Tendrán nuestros hijos y nietos un país en paz y armonía, para hacer sus vidas?

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EL 5 DE JULIO DE 2007, EN COLOMBIA. MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.

2007-07-02

COLUMNA DE MANUEL FERNANDO MUÑOZ

PEQUEÑOS HOMBRES, GRANDES EN ODIOS


GOTAS DE O2.
Por: MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.
Julio 2 de 2007.


Lamentable y execrable el crimen cometido contra los 11 diputados a la asamblea del Valle del Cauca, secuestrados hace más de 5 años por las FARC. El pueblo colombiano, sin excepción, rechaza y repudia este bárbaro asesinato.
Dicho desenlace era crónica de muertes anunciadas. También están preavisadas, no solo la de Ingrid Betancourt y de Clara Rojas, sino la de Gechem, Jara, Lizcano y de todos y cada uno de los militares y ciudadanos colombianos secuestrados, al igual que la de los “gringos” en poder del grupo guerrillero armado.
Cómo no van a ser muertes preavisadas, si nuestro presidente Uribe se la pasa ordenando a gritos todos los días a las tropas, que vayan y rescaten a los secuestrados. Con esas ordenes Uribe aumenta el lastre sobre el cuello de cada secuestrado, para que pasen al umbral del más allá, sin tener la oportunidad de decidir por su propia vida.
Han sido insignificantes los inmensos esfuerzos cumplidos por los familiares de los plagiados, como también han sido vanos los realizados por la comunidad internacional, especialmente los países amigos de Europa. La respuesta solo se puede encontrar en la tozudez y terquedad de dos hombres como el presidente Álvaro Uribe y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, alias “tirofijo”, quienes han sido inferiores al respeto por la vida de seres humanos, vidas que de una u otra manera, dependen de ellos. Ninguno de los dos hombres han sido capaces de propiciar un entendimiento para encontrarse en un sitio y dialogar, al menos, convenir un acuerdo humanitario, que le permita a quienes están secuestrados desde hace 10 años regresar a sus hogares, vivos, libres y en paz. Abrir un espacio entre los municipio de Pradera y Florida en el Valle del Cauca, por 45 días, no le dará ventaja a ninguno de los actores de la guerra. Ese espacio, sería la única oportunidad que tendrían nuestros compatriotas para regresar al encuentro con la vida y sus familias. Una zona territorial que podría contar con la veeduría de los países comprometidos en este proceso, quienes garantizarían al gobierno nacional que ahí solo habría diálogos sobre acuerdo humanitario y ninguna otra actividad adicional, ni de las fuerzas armadas colombianas y mucho menos de las guerrillas de las FARC.
Hoy por hoy, los operativos militares para recuperar a los secuestrados, políticos, militares o civiles son un crimen, crimen que cometen ambos combatientes y es de estos, la responsabilidad. La experiencia es trágica: la del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y la del ex ministro de la defensa nacional, Gilberto Echeverry, muertos en operativo de rescate militar. Ahora estamos viviendo la de los 11 diputados del Valle y mañana será la de quién o quiénes?
El gobierno nacional no puede continuar mintiendo, ni al país ni a la comunidad internacional sobre el regreso de Fernando Araujo – hoy canciller de la República – y del agente de la policía, John Frank Pinchao: ellos se escaparon por sus propios riesgos y medios de las FARC. El gobierno NUNCA los rescató. Por otro lado, mintió Uribe Vélez al afirmar públicamente, que el grupo guerrillero se comunicó con los familiares de los diputados para informarlos de que ellos los habían asesinado, afirmación que fue inmediatamente desmentida por los mismos familiares y su vocera: Fabiola Perdomo. El gobierno nacional se ha acostumbrado a tender cortinas de humo ante la opinión pública nacional, cada que se presentan hechos que son demostraciones de incapacidad e incompetencia en el manejo de nuestros asuntos. Son demasiadas las contradicciones y mentiras que escuchamos a diario de los miembros del ejecutivo nacional. Esto no puede continuar, el país entero debe reclamar y rechazar esta actitud asumida por el gobierno.
Mientras la injusticia y la inequidad continúen como actoras principales de la vida social colombiana; mientras la brecha entre ricos y pobres sea cada vez mayor y mientras el gobierno legisle en beneficio de los grandes capitales y en contravía de los intereses colectivos, existirá la guerra, pues esos elementos son los ingredientes para que el conflicto se eternice en nuestra Patria.
Que acaben los muertos por la violencia. Que la equidad y la justicia sean los ejes fundamentales para librar a Colombia de la guerra. Que los secuestrados regresen a sus familias, libres, vivos y en paz. Que el presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ y el jefe guerrillero Manuel Marulanda, depongan sus odios y venganzas personales y propicien el acuerdo humanitario, que sea óbice para reiniciar los diálogos de paz. Que todos los colombianos nos reconciliemos con el compromiso de construir una Patria digna, justa socialmente y con desarrollo económico. ¡Tenemos con qué!
No más gobernantes cargados de odios y violencia en sus mentes e ideas. No más violentos e irresponsables deambulando por las selvas de Colombia, generando dolor y sufrimiento. La historia será el juez implacable para el presidente de la república ÁLVARO URIBE VÉLEZ y para el jefe guerrillero Manuel Marulanda.


VIDA Y LIBERTAD PARA INGRID, CLARA Y TODOS LOS SECUESTRADOS


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