GOTAS DE O2.
POR: MANUEL FERNANDO MUÑOZ B.
manferoz@gmail.com; www.manferoz.blogspot.com
Junio 29 de 2008.
Ha sido conocida por los colombianos y por el mundo entero, la sentencia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó en contra de la ex congresista Yidis Medina, en la cual ella fue condenada por recibir dádivas del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, para que con su voto afirmativo en la Cámara de Representantes, se pudiera habilitar para reelegirse como mandatario de los colombianos; “canonjías impuras” ofrecidas, entre otros, por el propio presidente Uribe, entregadas a la congresista por los ministros del Interior y de Justicia y de Protección Social, Sabas Pretel (hoy embajador en Italia) y Diego Palacio respectivamente, además que de ello participaron otros altos funcionarios del Estado. Este pronunciamiento del alto Tribunal Penal de la Corte, ha llevado al país a soportar una inmensa crisis institucional, desatada por las terroristas declaraciones del presidente de los colombianos. Ahora, se espera que la máxima instancia constitucional actúe frente a estos desvergonzados hechos acaecidos y tome las decisiones a que haya lugar, permitiéndole a la maltrecha institucionalidad del estado de derecho - que aún existe en Colombia - retomar su lugar de respeto en su larga historia de estabilidad democrática, tradición que ha pasado por situaciones muy difíciles (proceso 8000), pero ninguna con la hondura a la cual nos ha sumido la arrogante calidad de la persona de nuestro presidente (parapolítica, yidisgate, nogueracorrupción, etc.). Pareciera que desde el gobierno nacional se promoviera una democracia del delito, de la que participan ciertos miembros del ejecutivo nacional.
Viene ahora un proceso en el que se debe y tiene que decidir, por parte de los magistrados de esa máxima instancia, si la H. Corte Constitucional “se da la pela” y realiza la revisión a la sentencia que aprobó el acto legislativo que permitió la reelección de Uribe Vélez para un segundo período presidencial, el cual hoy se enfrenta a “el fracaso del triunfo”. La Corte Constitucional es la protectora de los pilares fundamentales sobre los cuales se proclamó nuestra Carta Magna, consenso entre las fuerzas políticas y sociales de la Colombia de 1991, y que buscó con ese articulado alcanzar la paz, que sigue tan esquiva. Ha sobrevivido, a pesar de ser tan tierna la Constitución, a más de 330 intentos de enmienda y 26 reformas, pero desde que los Colombianos eligieron a Uribe Vélez presidente, ha sufrido modificaciones de índole polarizada, es decir, en la Carta se han introducido cambios que benefician intereses particulares cercanos al presidente Uribe y “para atender problemas coyunturales, del día a día” (JAIME CASTRO). No puede sucumbir la Corte Constitucional al deliro de grandeza por la cual atraviesa el presidente, apoyado por un supuesto 81% de los colombianos. La Patria y los magistrados están muy por encima de los megalómanos que se han convertido en los violadores de nuestra Constitución.
Los colombianos esperan que la Corte Constitucional revise la aprobación del articulado que permitió la reelección presidencial (que recientemente ha sido solicitada por 10 ONG´s), sin permitir la injerencia del ejecutivo y, por el contrario, rebosada de motivos actué en la defensa del estado social y de derecho, para la cual fue creada en 1991. Es la Corte la única esperanza para los ciudadanos - por ser quien protege sus derechos fundamentales - y, como tantas veces lo ha demostrado, se espera que mantenga esa independencia y responsabilidad jurídica, aunque en algunas ocasiones haya soportado cuestionamientos por presuntas actuaciones políticas, en ciertos fallos.